Fiscal descarta endurecer penas por falsas amenazas de tiroteos

Ante el incremento de llamadas de broma al número de emergencias y los mensajes escritos en baños escolares advirtiendo supuestos tiroteos en planteles de la ciudad, el fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes, consideró que la legislación actual es suficiente para atender estos casos, por lo que el reto principal radica en su correcta aplicación y en fortalecer la cultura de la prevención.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de endurecer las sanciones o modificar las leyes para castigar con mayor severidad a los menores que realizan este tipo de amenazas, el funcionario señaló que los problemas en materia penal generalmente no se resuelven con reformas legislativas, sino con una adecuada aplicación de la ley en cada caso concreto.

Araiza Reyes explicó que no sería viable trasladar responsabilidades penales a los padres por actos cometidos por sus hijos, ya que ello constituiría una pena trascendente, prohibida por la Constitución. Sin embargo, precisó que desde la perspectiva civil sí puede existir responsabilidad por los daños que pudieran derivarse de las conductas de los menores.

El fiscal subrayó que las amenazas de tiroteos, aunque hasta ahora no se han concretado en hechos reales en Chihuahua, deben ser tomadas con absoluta seriedad. Indicó que las autoridades no pueden asumir de entrada que se trata únicamente de bromas, pues cada reporte obliga a desplegar protocolos de seguridad y movilizar recursos policiales que podrían estar atendiendo emergencias reales.

“Es una cuestión muy seria porque no podemos tomarlo simplemente como bromas. Tenemos que realizar las acciones necesarias para evitar que alguno de estos casos pudiera concretarse”, expresó.

Asimismo, destacó que este tipo de amenazas generan afectaciones psicológicas en estudiantes, docentes y padres de familia, al sembrar incertidumbre y temor ante la posibilidad de que ocurra un hecho violento dentro de una escuela.

Por ello, explicó que cuando se detecta un caso de esta naturaleza, las autoridades implementan planes de intervención específicos que involucran a los alumnos, maestros y familiares, con el objetivo de identificar las causas que motivaron la conducta y prevenir su repetición.

Finalmente, Araiza Reyes reiteró que más allá de modificar las leyes, es necesario reforzar la concientización entre los jóvenes sobre las consecuencias de este tipo de acciones, ya que generan alarma social y alteran el funcionamiento de las comunidades escolares.

“Tenemos que trabajar en una cultura de la paz y de la concientización. Es un tema muy serio que debe atenderse desde la prevención para no tener que lamentar alguna tragedia”, concluyó.