Advierte Manque Granados retroceso en combate a la pobreza con la eliminación del CONEVAL

La Diputada Federal por Chihuahua, Manque Granados, del Partido Acción Nacional, advirtió que la reforma aprobada este lunes que transfiere las funciones del CONEVAL al INEGI representa un grave retroceso en la política social de México y abre la puerta a la opacidad en el uso de recursos públicos destinados al combate a la pobreza.

“La 4T eliminó al único órgano que nos decía si los programas sociales realmente funcionaban. Hoy, el Gobierno se califica a sí mismo, y claro, va a decir que todo está perfecto, aunque millones de familias sigan sin acceso a salud, alimentación o educación”, expresó.

La reforma extingue legal y funcionalmente al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), trasladando sus facultades al INEGI. Esto incluye la medición multidimensional de la pobreza y la evaluación de los programas sociales, sin garantizar mecanismos de independencia técnica.

Granados señaló que esta decisión pone en riesgo la objetividad de los datos sociales, concentrando el poder de evaluación en un solo organismo que, hasta antes de esta reforma, no contaba con atribuciones legales ni estructura para evaluar políticas públicas.

“El INEGI no es evaluador. Ni tiene ese mandato, ni ese equipo. Incluso su propia titular reconoció que necesitaban reformas profundas para poder asumir ese papel”, agregó.

Entre los aspectos más preocupantes, la legisladora destacó:

• Pérdida de especialización: El CONEVAL era el único organismo con mandato legal explícito para evaluar impacto social real, no solo cifras.

• Debilitamiento técnico e institucional: La medida elimina un contrapeso metodológico clave en la política social.

• Riesgo de captura política: El control absoluto sobre los datos abre la puerta a su manipulación desde el Ejecutivo.

• Desprotección laboral: Cerca de 130 trabajadores técnicos quedaron fuera sin indemnización completa.

“La eliminación del CONEVAL no es un acto de eficiencia administrativa. Es un acto de censura institucional. Morena ha decidido borrar a quien medía la pobreza con rigor, para poder seguir usando los programas sociales como herramientas electorales. Es un abuso”, concluyó.