

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), encabezada por su director local en Chihuahua, Ramón Alcázar, informó sobre las acciones realizadas el pasado 27 de mayo en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte, ubicado en el municipio de Valleza. Estas medidas responden a un procedimiento administrativo iniciado en 2016 por el uso ilegal de aguas nacionales.
Alcázar aclaró que no se trató de un cateo, sino de la ejecución de una resolución administrativa derivada de irregularidades detectadas en el rancho, que abarca más de 4,300 hectáreas. Durante la gestión de Duarte, se construyeron presas y represas privadas, así como perforaciones para extraer aguas subterráneas y superficiales sin autorización de Conagua, contraviniendo la Ley de Aguas Nacionales.
En 2016, tras una inspección, se identificaron cinco infraestructuras de mampostería y una cortina de concreto de 41 metros de largo por 10 de ancho en el cauce de un arroyo que desemboca en el río Las Agujas, afluente del río Bravo. Estas obras, construidas sin permisos, afectaron el flujo natural del agua en una región de alto estrés hídrico.
Tras un proceso sancionador, en 2018 se impuso a Duarte una multa de aproximadamente 1.5 millones de pesos, tres clausuras temporales de aprovechamientos superficiales y subterráneos, y la demolición de cinco estructuras. Aunque el exgobernador impugnó la resolución mediante un juicio de nulidad y un amparo, ambos fueron desechados por el Tribunal de Justicia Administrativa y un tribunal de amparo en 2020, confirmando la legalidad de las sanciones.
El 26 de mayo de 2025, Conagua notificó el cumplimiento de la resolución, iniciando el 27 de mayo la clausura de aprovechamientos, la demolición de un muro de contención y el desfogue de tres presas. Sin embargo, las acciones se detuvieron a las 17:52 tras un aviso de la subdirección jurídica de Conagua sobre un posible nuevo juicio de amparo presentado por terceros.
Alcázar destacó que estas medidas buscan restablecer el flujo natural del agua, mitigar los efectos de la sequía y frenar extracciones ilegales que afectan la distribución equitativa del recurso hídrico. “No es solo una contravención, sino un daño a la sociedad al acaparar agua en detrimento del derecho humano al acceso a este recurso”, afirmó.
Conagua reiteró su compromiso con la preservación del agua para garantizar un desarrollo sustentable y evitar el uso indebido del recurso en beneficio de intereses particulares.






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