En el marco de la discusión del dictamen sobre la regulación de vapeadores y cigarrillos electrónicos, la Diputada por Chihuahua, Manque Granados, expresó su postura crítica hacia la estrategia de prohibición adoptada por el gobierno federal. La legisladora sostuvo que la prohibición no solo no ha resuelto el problema, sino que ha fomentado la expansión del mercado negro y ha generado riesgos tanto para la salud pública como para la economía.
Según datos oficiales, más de 2.5 millones de personas en México consumen vapeadores, a pesar de la prohibición vigente desde 2022, lo que representa un incremento del 150% en apenas dos años. Esta situación ha dado lugar a un mercado negro que genera entre 3 mil y 5 mil millones de pesos anuales, recursos que podrían destinarse al sector salud si se optara por la regulación.
Manque Granados alertó sobre las implicaciones del comercio ilícito de vapeadores, el cual permite la entrada de productos de baja calidad y sin certificaciones, en su mayoría provenientes de países como China. "El mercado negro pone en riesgo a los consumidores, quienes quedan expuestos a sustancias tóxicas y peligrosas como las utilizadas en insecticidas", advirtió.
En su intervención, la Diputada Federal presentó una alternativa basada en la regulación estricta de estos productos, con medidas como:
- *Licencias de comercialización*: para garantizar que solo empresas autorizadas puedan vender vapeadores.
- *Certificaciones de calidad*: para asegurar que los productos cumplan con estándares de seguridad y calidad.
- *Restricciones en sabores y diseños*: para proteger a menores y evitar que se atraiga a nuevos consumidores.
- *Campañas de información y prevención*: para sensibilizar sobre los riesgos del consumo de vapeadores.
- *Impuestos específicos*: para fortalecer el presupuesto destinado al tratamiento de enfermedades relacionadas con la nicotina.
"Regular no significa promover el consumo, sino tomar control del fenómeno y minimizar sus riesgos", afirmó Manque Granados. La legisladora insistió en que una política de regulación no solo protegería la salud, sino que también permitiría combatir el mercado negro y generar ingresos para fortalecer el sistema de salud.
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