Desconoce Gobierno de Chihuahua problematica del TEJA, sangra finanzas estatales

El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, dijo desconocer los detalles de las presuntas irregularidades en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), luego de que se cuestionara el impacto de sus resoluciones en las finanzas del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Entre los señalamientos que se han investigado se encuentra la presunta interpretación del derecho administrativo como derecho social, particularmente en asuntos relacionados con Pensiones Civiles del Estado, donde se han concedido pensiones a personas que no realizaron las aportaciones correspondientes.

Asimismo, luego de que se reformara este tribunal hace un par de años por parte del Congreso del Estado de Chihuahua, ya no existe la figura de segunda instancia. Además, el TEJA resuelve como sala unitaria cuando deberían hacerlo de manera colegiada. Es decir, si la autoridad del TEJA emite una resolución, no hay una instancia para contradecirla ni posibilidad de promover amparos.

También se cuestionó la integración del tribunal, específicamente el caso de una persona que habría ocupado primero la titularidad del Órgano Interno de Control, posteriormente un cargo como secretaria y ahora desempeña funciones de magistrada.

Al respecto, De la Peña explicó que la magistrada titular de una de las plazas fue suspendida por el Órgano Interno de Control ante aparentes violaciones a sus funciones, por lo que se activó el mecanismo previsto en la Ley Orgánica del tribunal para cubrir su ausencia.

Aseguró que, según la información que tiene, la persona que actualmente ocupa esa vacante cumple con los requisitos legales para desempeñar dichas funciones.

Sobre los criterios utilizados para resolver los asuntos administrativos, el funcionario sostuvo que corresponde a los propios magistrados explicar sus determinaciones, debido a que el TEJA es un organismo autónomo y tiene libertad para emitir sus resoluciones.

Asimismo, ante el señalamiento de que no existe una segunda instancia ordinaria para revisar las decisiones del tribunal, De la Peña indicó que existen otras vías legales para combatir ese tipo de determinaciones.

Finalmente, reiteró que el Poder Ejecutivo no tiene intervención directa en las decisiones de los magistrados y consideró que los cuestionamientos sobre los criterios jurídicos y los alcances de las resoluciones deben dirigirse al propio Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.