

La Administración del presidente Donald Trump anunció que los operativos migratorios realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis y áreas circundantes de Minnesota han resultado en la detención de más de 4,000 inmigrantes, muchos de ellos calificados por las autoridades federales como "criminales peligrosos".
De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca difundido el 4 de febrero de 2026, estos arrestos forman parte de la Operación Metro Surge, iniciada a finales de 2025, que involucró el despliegue masivo de miles de agentes federales —incluyendo personal de ICE y la Patrulla Fronteriza— en la zona de las Twin Cities (Minneapolis-Saint Paul). La vocera presidencial, Karoline Leavitt, describió los resultados como un “logro sin precedentes” y destacó que entre los detenidos figuran personas acusadas o condenadas por delitos graves como homicidio, violación, tráfico de drogas, pertenencia a pandillas y otros crímenes violentos.
Tom Homan, designado como "zar de la frontera" en la actual administración, confirmó que, tras la fase intensiva de la operación, se retirarán aproximadamente 700 agentes federales de Minneapolis de manera inmediata, aunque permanecerán alrededor de 2,000 para continuar con tareas de cumplimiento migratorio. Homan señaló que la reducción responde en parte a la cooperación "sin precedentes" de algunas autoridades locales y al cumplimiento de objetivos iniciales de la operación.
La Operación Metro Surge generó fuerte controversia desde su lanzamiento. Durante enero de 2026 se registraron protestas masivas en Minneapolis, así como incidentes violentos que incluyeron la muerte de dos ciudadanos estadounidenses —Nicole Good (o Renee Nicole Macklin Good) y Alex Pretti— en operativos distintos, hechos que provocaron investigaciones y críticas por parte de autoridades locales, como el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Frey. Organizaciones de derechos civiles y comunidades inmigrantes han denunciado tácticas agresivas, detenciones de personas sin antecedentes graves y afectaciones a residentes legales o ciudadanos.
Hasta el momento no se han proporcionado detalles desglosados públicos sobre el estatus migratorio exacto de todos los detenidos, ni cifras precisas de deportaciones concretadas versus procesos judiciales en curso. Las autoridades federales insisten en que el enfoque prioritario ha sido en individuos con historiales criminales graves.


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