

El coordinador de las Agencias Foráneas de la Zona Centro, licenciado Francisco Arispe, presentó en rueda de prensa los avances en procuración de justicia en los municipios de Aldama, Ojinaga, Coyame del Sotol y Manuel Benavides, que representan el 12% del territorio estatal pero solo el 1.2% de la población, lo que genera retos logísticos significativos.
Reconoció que en los últimos dos años (2024-2025) estos cuatro municipios han sido escenario de un conflicto entre grupos de delincuencia organizada, con un aumento notable de homicidios vinculados a esa actividad. En Aldama, los homicidios pasaron de 3 en 2024 a 32 en 2025; en Ojinaga, disminuyeron de 26 a 19 (reducción del 27%).
Sin embargo, la Fiscalía enfatizó los logros en delitos del fuero común (robos, fraudes, daños, violencia familiar, entre otros), con una sensible baja en el rezago de carpetas de investigación:
- En Aldama: carpetas iniciadas bajaron de 299 (2024) a 252 (2025); en investigación, de 449 a 269 (reducción del rezago aproximada del 40%). Sentencias condenatorias aumentaron de 9 a 13.
- En Ojinaga: iniciadas 104 (2024) a 103 (2025); en investigación, de 222 a 78 (reducción del rezago del 64%).
Se han realizado conciliaciones, cierres por inexistencia de delito y resolución de carpetas antiguas (incluso de 2021-2022) mediante integración completa y envío a tribunales.
Respecto a desapariciones, la Fiscalía de Distrito Zona Centro reportó 37 casos activos en la región del corredor Aldama-Ojinaga desde agosto de 2024 hasta enero de 2026: 20 en Aldama, 13 en Ojinaga, 3 en Manuel Benavides y 1 en Coyame del Sotol.
Indicó que el número de desapariciones entre 2024 y 2025 se mantuvo similar, sin incremento significativo, y que no todos los casos están ligados directamente al crimen organizado. Se realizan rastreos permanentes con corporaciones, drones y diligencias basadas en indicios; recientemente se efectuaron operativos en áreas específicas, incluyendo uno activo cubriendo 36 km.
El Fiscal de Distrito Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes, subrayó el esfuerzo del Ministerio Público y la Policía Ministerial en atender delitos comunes pese a la complejidad del territorio y la violencia prevaleciente, y se comprometió a revisar señalamientos específicos para posibles judicializaciones.
















