Las quejas son a modificaciones a ley del agua, no a la nueva ley: Mario Mata

Mario Mata Carrasco, titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) de Chihuahua, expresó su postura sobre la Ley General de Aguas y las recientes modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, destacando la necesidad de un análisis profundo y la participación ciudadana en el proceso legislativo.

Mata Carrasco recordó que desde febrero de 2012, tras la reforma al Artículo 4 de la Constitución, se estableció el derecho humano al agua potable, su almacenamiento y saneamiento, obligando al Legislativo a emitir una Ley General de Aguas en un plazo de 300 días, mandato que permanece en desacato.

“Hubo intentos fallidos, incluidas dos iniciativas que presenté (cuando fue diputado), una personal y otra con la bancada del PAN, pero fueron rechazadas por la Comisión y el Pleno de la Cámara de Diputados”

El funcionario celebró la propuesta de la Ley General de Aguas impulsada por la presidenta, la cual reconoce las responsabilidades de los tres órdenes de gobierno, incluyendo a los municipios, responsables de proveer agua potable según el Artículo 115 constitucional. En Chihuahua, destacó, el gobierno estatal apoya esta labor de manera subsidiaria, conforme al decreto del exgobernador Alfredo Chévez Emparán, a través de los organismos operadores.

Sin embargo, Mata mostró preocupación por las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales de 1992, que regulan la administración del agua desde las fuentes de abastecimiento hasta las parcelas.

“No estamos en contra de la Ley General de Aguas, sino de los cambios a la Ley de Aguas Nacionales, que afectan el espíritu del Artículo 27 constitucional”

Este artículo establece que, aunque las aguas y tierras pertenecen a la nación, su uso puede concederse a particulares bajo un marco de propiedad privada, lo que no implica privatización, sino certeza jurídica para agricultores, industriales o consorcios mediante concesiones sujetas a la disponibilidad del agua y regulaciones gubernamentales.

Mata subrayó la importancia de someter estas reformas a un análisis minucioso en foros ciudadanos, ya que “modifican sustancialmente” el Artículo 27 constitucional.

“Coincidimos con las bancadas en que esta ley debe ser discutida con calma, llegando a un acuerdo entre el gobierno y los ciudadanos”