Mariano Cordero, uno de los abogados representantes de los defraudados por Aras Business Group, anunció ante medios de comunicación un conjunto de acciones legales y protestas, incluyendo cierres de casetas de peaje y calles, en respuesta a la presunta negativa del Gobierno del Estado de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado (FGE) para entregar los bienes asegurados y avanzar en la reparación del daño a más de 7,000 víctimas.
En una rueda de prensa frente al Palacio de Gobierno, Cordero detalló que los afectados reinstalarán un plantón permanente en la Plaza Hidalgo con mantas informativas para visibilizar el caso a nivel local, nacional e internacional. “Vamos a reinstalar el plantón y cerraremos casetas de peaje y calles estratégicas para que la ciudadanía, los visitantes y los medios se enteren de la falta de respuesta de las autoridades”, afirmó. Entre las acciones propuestas está permitir el paso libre en casetas, aunque aún se definirá la logística de estas protestas.
Jurídicamente, los abogados interpondrán un amparo contra la inactividad del juez de ejecución, exigiendo una audiencia para trazar las rutas de pago conforme a la sentencia 3506/23, que obliga a la reparación del daño. También enfrentarán la demanda de extinción de dominio sobre 33 de los 71 bienes asegurados, notificada mediante un edicto en el Diario Oficial del Estado. Cordero criticó este procedimiento como irregular, ya que no se notificó directamente a las víctimas ni a sus representantes. “La Fiscalía parece querer quedarse con los bienes al apostar a que nadie responda. Litigaremos en el juzgado octavo civil para defender los derechos de nuestros clientes”, aseguró.
Además, los defraudados buscarán que el Congreso del Estado cite al fiscal general, César Jáuregui, para rendir cuentas sobre el caso Aras, y presentarán quejas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, responsabilizando a la gobernadora María Eugenia Campos por la falta de avances.
Cordero llamó a las víctimas a sumarse activamente a la resistencia civil pacífica. “No basta con que los abogados trabajemos. Necesitamos que vengan 500, 600 o 1,000 personas. Si somos muchos, no podrán ignorarnos ni reprimirnos”, enfatizó. Los cierres de casetas y calles, junto con el plantón, buscan presionar a las autoridades para que cumplan con la reparación del daño.
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