Cientos de víctimas del fraude perpetrado por Aras Business Group se manifestaron nuevamente frente al Palacio de Gobierno, bloqueando calles del centro de Chihuahua, para exigir avances en la reparación del daño y denunciar la presunta inacción de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los abogados Felipe Acosta y Mariano Cordero, representantes de los afectados, ofrecieron una rueda de prensa para explicar los motivos de la protesta y los cierres viales.
Durante la manifestación, en la Plaza Hidalgo, los defraudados expresaron su frustración por la falta de resultados concretos tras años de lucha. Felipe Acosta señaló que, a pesar de múltiples mesas de trabajo con la FGE, incluyendo reuniones con el fiscal general y el fiscal de zona centro, César Jáuregui, no se han cumplido las condiciones básicas para avanzar en la solución del caso.
“No nos han hablado con la verdad. No sabemos qué bienes están asegurados, cuáles son rescatables o por qué se han perdido otros”, destacando la opacidad en el manejo de los 33 bienes presentados de un total de 71 reportados.
Mariano Cordero, por su parte, subrayó que la sentencia 3506/23, ya ejecutoriada, obliga a la reparación del daño a las más de 7,000 víctimas, pero la FGE insiste en la extinción de dominio de los bienes, argumentando que fueron adquiridos con recursos ilícitos.
“La sentencia establece claramente que los bienes provienen de las inversiones de las víctimas, no de actividades ilícitas. La Fiscalía está dándole largas al proceso, y eso nos preocupa”, declaró Cordero.
Además, criticó la notificación de extinción de dominio publicada hace dos semanas en el Diario Oficial del Estado, que obliga a las víctimas a responder en un plazo limitado para defender sus derechos.
Los abogados destacaron que, tras desistirse de un amparo hace dos meses y medio con la esperanza de agilizar el proceso, no han visto avances significativos.
“Nos pidieron confiar, pero han pasado casi tres meses y no hay resultados formales. La Fiscalía sigue sin coordinarse con las víctimas y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para proponer una ruta clara de solución”, lamentó Acosta.
Los manifestantes advirtieron que esta protesta marca el inicio de una nueva etapa de “resistencia civil pacífica organizada”. Aunque se evalúa no bloquear calles para evitar afectar a terceros, se contempla la posibilidad de tomar dependencias públicas. Cordero anunció que presentarán amparos laborales para presionar al juez de ejecución, quien, según los abogados, ha retrasado el proceso, posiblemente debido a un reciente ascenso a magistrada.
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