Congelan cuentas bancarias a Fuentes Velez, ex Secretaría de Hacienda de Javier Corral Jurado

10/07/2025RedacciónRedacción
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El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, detalló los avances en las investigaciones por peculado que involucran al exgobernador Javier Corral Jurado (JCJ), al exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez (AFV), y al empresario Juan Pablo López Elías (JPLE).

El fiscal anticorrupción, detalló que derivado de las investigaciones contra el ex secretario de Hacienda del Estado, Arturo Fuentes Vélez (AFV) se le congelaron las cuentas bancarias a él y a su familia,  una a él, una a su hija y dos a su esposa, además giraron una nueva orden de aprehensión contra Arturo.

 Las autoridades revelaron irregularidades en la reestructuración de la deuda pública estatal, la emisión de órdenes de aprehensión y un intento frustrado de detención de Corral en la Ciudad de México, obstaculizado por la Fiscalía General de Justicia de la capital.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado, que identificó dos posibles delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades, cada uno por un monto de 49.3 millones de pesos, relacionados con la contratación irregular de servicios para la reestructuración de la deuda estatal. Según el fiscal, el primer delito estaba prescrito al momento de la denuncia, mientras que el segundo estaba a semanas de prescribir. 

Un equipo multidisciplinario de la Fiscalía Anticorrupción, integrado por agentes del Ministerio Público, analistas, peritos y policías de investigación, determinó que la clasificación jurídica inicial era incorrecta. Tras un análisis forense, se reclasificó el delito como peculado, acreditando la participación activa del exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, en la disposición indebida de recursos públicos.

Orden de aprehensión contra Arturo Fuentes Vélez

El 25 de abril de 2023, un juez libró una orden de aprehensión contra Fuentes Vélez por su presunta responsabilidad en la autorización de pagos irregulares relacionados con la reestructuración de la deuda estatal. Tras conocerse la orden, el exfuncionario dio entrevistas nacionales y publicó un comunicado en redes sociales admitiendo la contratación del despacho López Elías Finanzas Públicas S.C., aunque eliminó la publicación poco después.

Destacaron que el decreto aprobado por el Congreso de Chihuahua en 2018, que autorizaba la reestructuración de la deuda, no permitía la contratación de terceros. Sin embargo, Fuentes Vélez instruyó al Banco Regional (Banregio) a contratar los servicios de dicho despacho por un total de 98.6 millones de pesos, divididos en dos pagos de 49.3 millones cada uno, realizados el 4 de julio y el 5 de agosto de 2019. Las facturas emitidas por el despacho se dirigieron al Gobierno del Estado, evidenciando que los recursos provenían de una cuenta concentradora de fondos públicos, no del banco.

La Fiscalía Anticorrupción logró el aseguramiento de bienes inmuebles y cuentas bancarias de Fuentes Vélez, su esposa e hija, mediante autorizaciones judiciales. Estas medidas, inscritas en el Registro Público de la Propiedad, impiden la venta o transferencia de los bienes, garantizando su disponibilidad para una eventual reparación del daño al erario.

Además giraron una nueva orden de aprehensión contra Arturo

Orden de aprehensión contra Javier Corral

El 9 de agosto de 2024, un juez de control emitió una orden de aprehensión contra el exgobernador Javier Corral por peculado, derivado de su presunta participación en la autorización de actos contrarios a los intereses públicos durante la reestructuración de la deuda. El 14 de agosto, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ejecutó un operativo en la Ciudad de México, en el bar Gingen, donde Corral fue detenido temporalmente.

Sin embargo, el operativo fue obstruido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, liderada por Ulises Lara López. Según el fiscal Valenzuela, agentes de la fiscalía capitalina intervinieron, trasladando a Corral en vehículos oficiales y evitando su presentación ante la autoridad judicial de Chihuahua. Esta acción, calificada como “inédita” y una “atrocidad jurídica”, violó un convenio de colaboración entre fiscalías y el artículo 119 de la Constitución.

Documentos presentados en la rueda de prensa muestran que la Fiscalía Anticorrupción solicitó formalmente la colaboración de su homóloga en la Ciudad de México, con un oficio autorizado el 14 de agosto de 2024. Este permitía a los agentes de Chihuahua ejecutar la orden de aprehensión entre el 14 y el 20 de agosto. Sin embargo, un grupo de civiles organizados, junto con personal táctico de la fiscalía capitalina, rodeó a los elementos de Chihuahua, generando un ambiente de tensión. Videos y fotos muestran a Corral usando dos teléfonos durante la detención, presuntamente coordinando su liberación con el magistrado Julio Ángel Sabines y Ulises Lara.

La Fiscalía Anticorrupción denunció esta obstrucción ante la Fiscalía General de la República y la fiscalía capitalina, acusando a los involucrados de proteger a Corral. Además, se reveló que, tras el operativo, la fiscalía de Chihuahua fue eliminada del directorio de autoridades autorizadas para solicitar colaboraciones, a pesar de haber sido incluida previamente el 18 de enero de 2023.

Caso del empresario Juan Pablo López Elías

El 18 de enero de 2025, un juez libró una orden de aprehensión contra Juan Pablo López Elías, representante legal del despacho López Elías Finanzas Públicas S.C., por su presunta participación en la simulación de servicios no prestados durante la reestructuración de la deuda. El contrato, firmado el 4 de julio de 2019 con Banregio, ascendió a 98.6 millones de pesos, a pesar de que el decreto de 2018 no autorizaba la contratación de terceros.

La Fiscalía Anticorrupción también aseguró cuentas bancarias de López Elías y emitió una ficha roja en Interpol para su localización. Valenzuela enfatizó que las facturas emitidas por el despacho al Gobierno del Estado prueban que los pagos se realizaron con recursos públicos, desmintiendo afirmaciones de que Banregio contrató directamente al despacho.

Reacciones y controversias

El caso ha generado controversia a nivel nacional. El 29 de septiembre de 2024, la Fiscalía Anticorrupción notificó al Senado sobre la orden de aprehensión contra Corral, quien estaba por rendir protesta como senador. Sin embargo, el Senado ignoró la notificación, permitiendo su toma de posesión. El expresidente Andrés Manuel López Obrador también intervino, calificando las acusaciones como una “persecución política” en diversos medios, lo que fue desmentido por el fiscal Valenzuela, quien insistió en la solidez de las pruebas.

El periodista Joaquín López-Dóriga señaló que López Obrador defendió a Corral, quien agradeció públicamente su apoyo, generando dudas sobre posibles influencias políticas en el caso. La Fiscalía Anticorrupción presentó denuncias contra los servidores públicos involucrados en la obstrucción, incluyendo a Ulises Lara, el magistrado Sabines y Muna Dora Muchai, exdirectora de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación.

Además de las órdenes de aprehensión, la Fiscalía Anticorrupción ha implementado medidas para garantizar la recuperación de los recursos desviados:

- Aseguramiento de bienes y cuentas: Se inmovilizaron propiedades y cuentas bancarias de los imputados para garantizar la reparación del daño.

- Ficha roja en Interpol: Emitida contra Fuentes Vélez y López Elías para su localización internacional.

- Denuncias por obstrucción: Presentadas ante la Fiscalía General de la República y la fiscalía de la Ciudad de México contra los responsables de impedir la detención de Corral.

El fiscal Valenzuela calificó la obstrucción en la Ciudad de México como un hecho “inédito” en la historia de México, subrayando que nunca antes una fiscalía había sustraído a un detenido de otra. Este incidente, junto con la campaña mediática para desacreditar a la Fiscalía Anticorrupción, refleja los desafíos para combatir la corrupción en el país.

La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia, asegurando que continuará las investigaciones hasta esclarecer los hechos y garantizar la justicia. El caso sigue en curso, con los imputados prófugos y las autoridades trabajando en su localización y presentación ante la justicia.

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