Un fideicomiso minero creado en 1988, cuyos 55 millones de dólares fueron presuntamente malversados por Napoleón Gómez Urrutia entre 2004 y 2005, mantiene en lucha a extrabajadores de la Sección 10 de Ávalos, Chihuahua.
Manuel Humberto González Martínez, vocero del grupo, acusó al líder sindical de no haber sido trabajador minero, lo que lo inhabilitaba para asumir la dirigencia del sindicato o modificar las condiciones del fondo.
González Martínez relató que los recursos fueron entregados tras una huelga contra Industrial Minera México, pero los mineros no han logrado recuperarlos pese a dos décadas de demandas laborales, penales y mercantiles.
El vocero pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir para limitar el poder de Gómez Urrutia, a quien llamó una figura dañina, y cuestionó su permanencia en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a pesar de sus antecedentes penales.
Los afectados siguen esperando avances en los tribunales y no descartan impulsar un juicio político contra el senador para exigir justicia.
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