De 150 pruebas de la FGR, ninguna señala a Jáuregui: defensa

El abogado Héctor Villasana aseguró que la carpeta federal por traición a la patria no contiene elementos que vinculen directamente al exfiscal con el delito.
Local21/10/2026RedacciónRedacción

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“De los 150 datos de prueba que hay en la carpeta de investigación federal, no hay un solo dato de prueba que siquiera señale al exfiscal general del estado César Jáuregui”, afirmó el abogado defensor Héctor Villasana, al cuestionar la acusación por traición a la patria contra César Gustavo Jáuregui Moreno.

El litigante explicó que, durante la audiencia de formulación de imputación ante un tribunal del Altiplano, la defensa revisó los antecedentes de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), relacionados con el operativo realizado en El Pinal, municipio de Morelos, donde fue localizado un laboratorio de drogas sintéticas.

Villasana aseguró que la carpeta federal contiene testimonios de agentes de la Agencia Estatal de Investigación, declaraciones de participantes en el operativo y análisis de videos del sistema C4, pero ninguno acredita que Jáuregui autorizara la participación de agentes estadounidenses.

Añadió que las referencias al exfiscal corresponden principalmente a reuniones de trabajo con funcionarios de la Fiscalía estatal, las cuales calificó como habituales durante su gestión.

El abogado sostuvo que la acusación federal se basa en la presunta autorización del operativo con participación de extranjeros, pero insistió en que no existen videos, bitácoras u otros elementos que corroboren esa imputación.

Asimismo, afirmó que más de 80 testimonios, incluidos los de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, respaldarían la versión de que los ciudadanos estadounidenses no tuvieron una participación activa en las acciones realizadas en El Pinal.

La defensa considera que autorizar un operativo contra un laboratorio de drogas sintéticas no equivale a permitir la intervención de agentes extranjeros ni demuestra, por sí mismo, una conducta contra la soberanía nacional.

La existencia o insuficiencia de pruebas deberá ser determinada por la autoridad judicial, que analizará los argumentos de la defensa y de la Fiscalía federal.

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