Fiscalía Anticorrupción acusa presiones y defiende al Estado como víctima por desvío de 98.6 mdp

Chihuahua, Chih.- La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua informó que una sentencia definitiva emitida dentro del juicio de amparo 547/2026 reconoce al Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Hacienda, como víctima por el presunto desvío y disposición irregular de 98.6 millones de pesos.

De acuerdo con el organismo, la resolución del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado quedó establecida desde el pasado 14 de agosto, en relación con el delito de peculado agravado.

La Fiscalía señaló que, pese a dicha determinación, el juez penal federal Roberto Antonio Alcoverde Martínez habría asumido competencia sobre el asunto y, según la dependencia estatal, desconocido la calidad de víctima de la Secretaría de Hacienda.

Ante ello, la Fiscalía Anticorrupción afirmó que el juzgador habría incurrido en una posible violación a la suspensión definitiva concedida al Estado de Chihuahua, situación que, aseguró, ya fue denunciada ante el Tribunal Federal de Disciplina Judicial.

Asimismo, la dependencia acusó la existencia de presunto tráfico de influencias y hostigamiento por parte de funcionarios de la Fiscalía General de la República y del propio juez federal, quienes, según su versión, buscarían obstaculizar las investigaciones mediante requerimientos y resoluciones que considera fuera del marco legal.

La Fiscalía también cuestionó la resolución del Tribunal Colegiado respecto al conflicto competencial y sostuvo que ésta únicamente involucró a uno de los imputados, identificado con las iniciales J.C.J., por lo que consideró que dicho conflicto quedó concluido.

Ante este escenario, el organismo planteó cuestionamientos sobre el origen de los 98.6 millones de pesos y las razones por las que, a su consideración, se estaría modificando la interpretación del marco legal y del sistema de fiscalización.

Finalmente, la Fiscalía Anticorrupción aseguró que continuará utilizando las vías legales y las instancias correspondientes para defender los recursos públicos, al sostener que los 98.6 millones de pesos pertenecen a los chihuahuenses.