Archivo General del Estado invita a fortalecer la organización de los archivos públicos

La correcta organización de los documentos públicos es una pieza clave para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la preservación de la memoria institucional. Por ello, el Archivo General del Estado de Chihuahua recordó que continúa abierto el proceso de recepción de solicitudes para el Registro y Validación de Instrumentos de Control Archivístico 2026, dirigido a los sujetos obligados establecidos en la legislación estatal en materia de archivos.

Estos instrumentos funcionan como una guía que permite a las dependencias y organismos públicos organizar correctamente sus documentos, saber qué información deben conservar, durante cuánto tiempo y cómo debe ser resguardada para consulta futura.

De acuerdo con el Archivo General del Estado, contar con archivos ordenados no solo facilita el trabajo interno de las instituciones, sino que también permite que la ciudadanía pueda acceder de manera más eficiente a la información pública cuando la requiera.

La recepción de documentación permanecerá abierta durante todo el año, de febrero a diciembre de 2026, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, en la Unidad de Correspondencia del Archivo General del Estado de Chihuahua, ubicada en la calle 21 número 2501, colonia Altavista.

Las autoridades archivísticas señalaron que este proceso forma parte de los esfuerzos para fortalecer una administración documental homogénea en el estado, asegurando que los archivos públicos cumplan con estándares que faciliten la conservación de información relevante para la vida institucional y la memoria histórica de Chihuahua.

Asimismo, invitaron a los sujetos obligados que aún no han realizado este trámite a consultar las políticas y formatos vigentes para presentar su solicitud y mantener actualizados sus procesos archivísticos.

El Archivo General del Estado reiteró que una adecuada gestión documental no solo beneficia a las instituciones, sino que también fortalece la confianza ciudadana al garantizar que la información pública esté organizada, disponible y protegida conforme a la ley.