Reconoce Santiago De la Peña deterioro de la seguridad nacional rumbo al Mundial 2026

Rumbo al Mundial de la FIFA 2026, el secretario general de Gobierno del Estado, Santiago De la Peña Grajeda, consideró que la situación de seguridad en México se ha deteriorado desde que el país obtuvo la sede del torneo, aunque señaló que será la ciudadanía quien tenga la mejor evaluación sobre si existen las condiciones para albergar un evento de tal magnitud.

Al ser cuestionado sobre el aumento de problemáticas como desapariciones forzadas, feminicidios y secuestros en distintas regiones del país, el funcionario afirmó que cuando México consiguió la sede mundialista el panorama era distinto.

"Cuando se pidió la sede lo estábamos", respondió al ser preguntado si el país estaba preparado para organizar un Mundial, aunque agregó que actualmente existe incertidumbre sobre la capacidad para contener un evento de relevancia internacional.

De la Peña señaló que una de las preocupaciones que se han planteado en torno a la inauguración del torneo es la posibilidad de manifestaciones o interrupciones por parte de grupos inconformes, situación que, dijo, refleja la realidad que vive actualmente el país.

Asimismo, sostuvo que el descontento social se ha visto reflejado en distintos procesos democráticos y atribuyó parte de ello al modelo de gobierno implementado durante los últimos años a nivel federal.

Respecto a las medidas de seguridad previstas en las sedes mundialistas, donde se contempla restringir el acceso a determinadas zonas únicamente a personas con boleto, el secretario consideró que estas acciones responden a la necesidad de prevenir protestas o movilizaciones de diversos sectores.

En ese sentido, mencionó las inconformidades expresadas por grupos de maestros, productores agrícolas y transportistas, quienes han realizado manifestaciones en diferentes puntos del país para exigir atención a sus demandas.

Finalmente, señaló que la instalación de vallas y controles de acceso en torno a la inauguración del Mundial refleja las preocupaciones existentes en materia de seguridad y gobernabilidad, en un contexto donde diversos grupos sociales mantienen demandas activas ante las autoridades federales.