La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que avala la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa representa uno de los golpes más severos al Estado de derecho en México desde la consolidación democrática.
El criterio operativo es tan amplio que resulta aterrador. La UIF puede congelar cuentas basándose en "operaciones inusuales" o "comportamientos atípicos" detectados mediante algoritmos y análisis de patrones financieros. ¿Qué constituye una operación inusual? Un depósito grande inusual. Múltiples transferencias en corto tiempo. Retiros frecuentes de efectivo. Movimientos que no correspondan al "perfil" del cuentahabiente según criterios opacos establecidos unilateralmente por la autoridad.
La lógica perversa es simple: primero te congelo todo, destruyo tu capacidad de subsistencia económica, y después tú deberás demostrar tu inocencia ante mí, no ante un juez imparcial, para que considere descongelarte. Es la inversión absoluta del principio de presunción de inocencia. Ahora eres culpable hasta que demuestres lo contrario, y mientras tanto, te mueres de hambre porque no puedes acceder a tu propio dinero.
Las implicaciones para el ciudadano común son devastadoras. Imaginen que la UIF, siguiendo algoritmos opacos o información anónima, decide que sus movimientos bancarios son "sospechosos". De la noche a la mañana, su tarjeta de débito deja de funcionar. No puede pagar la renta. No puede comprar comida. No puede pagar colegiaturas. Sus cheques rebotan. Su reputación crediticia se destruye. Y todo esto sin que ningún juez haya determinado que cometió delito alguno.
Para empresas, es la sentencia de muerte económica inmediata. Una PYME con nómina quincenal que amanece con cuentas congeladas simplemente quiebra. No puede pagar empleados, proveedores, renta. Clientes huyen ante la "sospecha" del congelamiento. Y cuando finalmente, si es que sucede, la UIF determina que fue un error, la empresa ya cerró, los empleos se perdieron y las familias quedaron en la calle.
Pero la historia demuestra que estos poderes discrecionales nunca se usan exclusivamente contra criminales. Se usan contra disidentes, competidores económicos de aliados del poder, periodistas incómodos, organizaciones sociales molestas.
La sociedad mexicana debe entender la magnitud del precedente: acabamos de normalizar que el Estado puede destruirte económicamente sin presentar pruebas ante un juez. Tu derecho de propiedad, tu derecho al debido proceso, tu presunción de inocencia, todo subordinado a la discrecionalidad administrativa de burócratas que no rinden cuentas.
¿Qué sigue? ¿Qué pueda la guardia nacional ingresar a nuestros domicilios ante una sospecha de cualquier índole y sin orden judicial? Amig@s nos encontramos en una pendiente directa al autoritarismo. Seguimos igual o ¿vamos a despertar? Al tiempo.
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