Ni ellos mismos se pueden poner de acuerdo

Ayer, la Cámara de Diputados rechazó en lo general la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. La propuesta no alcanzó la mayoría calificada requerida (dos terceras partes), ya que solo contó con los votos de Morena y algunos diputados del PT y PVEM. Por primera vez en el sexenio, aliados tradicionales como el Partido Verde y el Partido del Trabajo se negaron a respaldar en bloque un proyecto del Ejecutivo federal, lo que bloqueó su avance.

Este revés evidencia fisuras internas en la coalición gobernante (Morena-PT-PVEM), donde no se logró el consenso habitual. Opositores interpretan el resultado como una demostración de que "la mayoría ficticia" del oficialismo se ha debilitado, y que las presiones y alianzas opositoras pueden frenar iniciativas vistas como concentradoras de poder (a menudo comparadas con modelos autoritarios como el "ley Maduro").

En el Congreso de Chihuahua, el presidente de la Mesa Directiva, Guillermo Ramírez (del PAN), ha mantenido una postura cautelosa y crítica hacia la reforma desde su anuncio. Ramírez ha enfatizado que cualquier cambio electoral debe fortalecer la democracia, garantizar elecciones libres y no debilitar instituciones ni contrapesos. Ha señalado que, de prosperar a nivel federal, los congresos locales (incluido el de Chihuahua) tendrían que analizar y ratificar las adecuaciones, y ha rechazado embestidas contra la autonomía legislativa estatal.

El episodio resalta divisiones internas en el oficialismo, tanto a nivel nacional como local, donde la falta de acuerdo entre aliados y las deserciones puntuales muestran una "indiferencia" o "traición" mutua, según voces opositoras. En Chihuahua, diputados de oposición (como del PRI, PAN y aliados) han celebrado el freno, argumentando que evita un "asalto" al poder legislativo y que con verdad, alianzas y mayoría real se puede contener al oficialismo.

Este hecho es visto por sectores críticos como un hito importante: "la ley Maduro no pasará en México", al demostrarse que las presiones internas y las alianzas opositoras pueden detener reformas controvertidas. Se reconoce el papel de la oposición en frenar lo que consideran intentos autoritarios.

La presidenta Sheinbaum anunció un "Plan B" enfocado en reducir privilegios en congresos locales, municipios y partidos vía reformas legales (no constitucionales), lo que podría escalar tensiones con estados como Chihuahua.