

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua explicaron las diferencias entre el delito de amenazas, que sigue vigente, y los antiguos delitos de calumnias, difamación e injurias, que ya no existen en el código penal.
La Mtra. Ana Luisa Pallares López, coordinadora de la Unidad Especializada en Delitos contra el Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, de Peligro contra la Paz, la Seguridad de las Personas y la Fe Pública, explicó las amenazas e injurias "bueno, más bien es una amenaza no tanto por injurias, sino una amenaza real, eminente en su persona y de esas 1518 carpetas que obran, no todas definitivamente se actualiza el delito, pero sin embargo, en nuestra obligación como representantes sociales investigar hasta efectivamente a judicializar el asunto o bien hacerle su inexistencia de delito, pero hay que darle la atención al ciudadano en cualquiera de los dos formas".
A su vez, el fiscal de Distrito Zona Centro de Chihuahua, Heliodoro Araiza, precisó: "Sí. Ah, ahí nomás precisar. Anteriormente existía el delito de calumnias y difamación, que en algunos unos códigos penales de otras entidades se refería como injurias. Ese tipo penal ya no existe, pero las amenazas siguen existiendo. No necesariamente la amenaza tiene que ser contra la vida. Es con causarle un mal a cualquier persona en sus personas, en sus bienes, sus posesiones o respecto de a otra persona a la que le tiene afecto".
Araiza agregó que para que se configure el delito de amenazas se requiere un elemento subjetivo: "Que la persona amenazada realmente se asuste, es decir, que sí se sienta amenazada. Si alguien amenaza a una persona y esta no cree en la amenaza, no le afecta absolutamente psicológicamente nada, no se configura el delito. Es decir, se requiere que la persona a la que se le amenaza realmente crea que le pueden causar ese daño y que se sienta afectada psicológicamente o emocionalmente por esa amenaza".
Las autoridades destacaron la existencia de 1,518 carpetas de investigación relacionadas, subrayando su obligación de atender e investigar todas las denuncias ciudadanas.






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