

La protesta pacífica convocada por jóvenes de la Generación Z contra la inseguridad, la corrupción y la violencia derivó en enfrentamientos con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dejando un saldo de al menos 20 civiles lesionados, entre ellos varios periodistas que denuncian agresiones directas por parte de las autoridades.
La manifestación, que reunió a miles de participantes en las inmediaciones del Palacio Nacional, comenzó de manera ordenada el viernes 15 de noviembre. Sin embargo, tras la caída de vallas metálicas frente a la sede del Ejecutivo federal, la policía intervino con gases lacrimógenos y extintores para dispersar a los manifestantes, lo que escaló en un caos que incluyó lanzamiento de proyectiles y forcejeos. Según reportes preliminares, el saldo oficial asciende a 100 policías heridos, 20 detenidos y un número indeterminado de civiles afectados, con énfasis en la prensa que cubría el evento.
Varios comunicadores resultaron víctimas de lo que describen como "ataques selectivos". Víctor Manuel Camacho, fotoreportero de La Jornada, relató que fue derribado al suelo y recibido múltiples patadas, varias de ellas en el rostro, mientras se identificaba como prensa. "Me amenazaron de muerte y me robaron mi cámara y celular", denunció Camacho, quien presentó una queja formal ante las autoridades.
De manera similar, Antonio Huitzil y Ricardo Pérez, reporteros de Fuerza Informativa Azteca, fueron rociados con gas y atacados con piedras por elementos policiacos, un incidente captado en video que muestra a los agentes lanzando proyectiles directamente hacia los equipos de cobertura. Ximena Arochi, de Proceso, resultó herida mientras grababa los golpes a un manifestante, y el periodista estadounidense Ioan Grillo informó haber sido blanco de gases lacrimógenos en tres ocasiones, la última de manera particularmente violenta.
En redes sociales, Óscar Ramírez compartió su testimonio de ser golpeado con una piedra en la cabeza y el tobillo por un oficial, causándole un esguince grave. "Ya había agredido a otros colegas antes", escribió Ramírez, exigiendo una investigación inmediata. La ola de violencia no se limitó a la capital: en Morelia, Michoacán, periodistas como Liliana Jiménez Nieto, de La Nota Roja y Cuarto Poder, recibieron golpes con escudos en la frente por parte de la Guardia Civil, mientras que Jania Cerriteño, de Radio Ranchito, y Javier Guerrero, de El Sol de Morelia, fueron confundidos con manifestantes y agredidos. Jafet Pineda, fotógrafo independiente, denunció una detención arbitraria durante su labor.
Estos incidentes han encendido alarmas sobre la libertad de prensa en México, un país clasificado como uno de los más peligrosos para los periodistas según organizaciones internacionales. Artículo 19, que monitorea agresiones contra la prensa, reportó al menos siete casos documentados solo en la Ciudad de México, y exigió a la SSC una explicación detallada y sanciones a los responsables.
Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han emitido un posicionamiento oficial sobre las denuncias específicas contra sus elementos. La marcha de la Generación Z, que se extendió a otras ciudades como Guadalajara y Monterrey, representa una nueva ola de activismo juvenil que busca visibilizar problemas estructurales, pero que ahora se ve empañada por la represión policial.
Organizaciones defensoras de derechos humanos llaman a una investigación independiente para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de quienes documentan las protestas. Mientras tanto, los afectados continúan recibiendo atención médica y legal, con promesas de seguir alzando la voz contra lo que califican como "un ataque a la verdad".




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