

El Senado de la República aprobó en lo general una reforma para imponer nuevos impuestos (Actualización a impuestos que no existían) adicionales a los videojuegos clasificados como violentos, con el objetivo de presuntamente desincentivar su consumo y generar recursos para programas de prevención de la violencia.
La iniciativa, presentada por senadores del partido Morena, establece una "actualización" del 10% sobre el precio de venta de títulos que contengan escenas explícitas de gore, asesinatos o agresión extrema, según la clasificación de la Entertainment Software Rating Board (ESRB) o equivalentes. Los recursos recaudados se destinarían a campañas educativas y apoyo psicológico en escuelas.
Durante el debate, la senadora proponente, Alejandra Reynoso, argumentó que "los videojuegos violentos contribuyen a normalizar la agresión en jóvenes", citando estudios internacionales que vinculan el exceso de exposición con comportamientos impulsivos. Por su parte, opositores del PAN y PRI criticaron la medida como "censura encubierta" y un ataque a la industria del entretenimiento, que genera miles de empleos en el país.
La aprobación se dio con 68 votos a favor, 45 en contra y 3 abstenciones. El dictamen pasa ahora a la Cámara de Diputados para su revisión. Representantes de la Asociación Mexicana de Videojuegos (AMEXVID) anunciaron que impugnarán la ley por considerarla discriminatoria y sin base científica sólida.
La reforma entraría en vigor en 2026 si se aprueba en San Lázaro. Expertos estiman que afectaría a franquicias populares como Grand Theft Auto, Halo, Call of Duty, potencialmente incrementando sus precios en hasta 15%.






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