

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, firmó un convenio con el Gobierno Federal para adherirse al Plan Nacional de Vivienda, un programa que destinará más de 6 mil viviendas en el estado con una inversión superior a los 700 millones de pesos. Este esfuerzo busca garantizar el acceso a una vivienda digna para personas vulnerables y jóvenes, priorizando a quienes perciben menos de dos salarios mínimos.
Durante el acto protocolario, Campos destacó que la vivienda es un derecho fundamental y un pilar para el desarrollo social, emocional y económico de las familias, al brindar seguridad, estabilidad, identidad y mejores condiciones de salud. “Hoy nos reunimos para construir un futuro más digno y accesible para los ciudadanos de Chihuahua. Juntos transformaremos la realidad de muchos, asegurando que cada persona tenga un lugar que pueda llamar hogar”, afirmó.
El director general de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Rodrigo Chávez Contreras, detalló que el programa, sin precedentes en el país, contempla la construcción de 1.1 millones de viviendas a nivel nacional, de las cuales 600 mil serán desarrolladas por el Infonavit y 500 mil por la CONAVI para no derechohabientes. En 2025, se edificarán 86 mil viviendas nuevas en conjuntos habitacionales y se realizarán 100 mil mejoramientos, utilizando 1,347 hectáreas de reservas territoriales en 30 entidades.
Las viviendas tendrán una superficie de 60 m² y se ofrecerán con financiamientos subsidiados a tasa de interés cero para familias con ingresos menores a dos salarios mínimos. Además, se destinará el 20% de las 500 mil viviendas a un esquema de renta para jóvenes, con prototipos de 40 m². Este arrendamiento no superará el 30% del ingreso de los jóvenes trabajadores, mientras que para estudiantes se realizará un estudio socioeconómico para determinar la capacidad de apoyo familiar, con una duración inicial de cinco años, prorrogable por dos más.
Los requisitos para acceder al programa incluyen ser mayor de 18 años, no ser derechohabiente del Infonavit o Fovissste, tener un ingreso familiar menor a dos salarios mínimos, no poseer otra propiedad y comprobar residencia en la zona del programa. Chávez Contreras subrayó que el programa se rige por el principio de “por el bien de todos, primero los pobres”, asegurando que las mensualidades no representarán una carga financiera para las familias.
Con este convenio, Chihuahua se suma a un esfuerzo nacional para combatir el rezago habitacional, promoviendo la integración, sostenibilidad y bienestar de las comunidades más necesitadas.

